Denuncian alianzas entre miembros de las Fuerzas Armadas y "Clan del Golfo" en el Bajo Cauca

Que la minería ilegal y el narcotráfico sigan siendo el peor de los males de la región del sur de Córdoba, el nordeste antioqueño y el Bajo Cauca tiene una explicación para sus pobladores: la macabra alianza criminal entre algunos miembros de las Fuerzas Armadas y el “Clan del Golfo”. La denuncia la hicieron líderes sociales en una audiencia privada que sostuvieron con la cúpula de la Fiscalía, el comando de la Policía en Antioquia y el delegado adjunto de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Guillermo Fernández.

Según explicó el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, los líderes sociales y defensores de derechos humanos señalaron con nombres propios a políticos, miembros de la Fuerza Pública, funcionarios públicos -algunos de la propia Fiscalía- que estarían colaborando con el “Clan del Golfo”. EL objetivo, dijo, es copar las zonas que los frentes 5, 18 y 58 de las Farc antes tenían bajo su control y se realizaban actividades relacionadas al narcotráfico y minería ilegal. Ante la movilización de la guerrilla a las zonas de concentración, las bandas criminales han entrado en disputa por lograr ser los nuevos amos y señores en una zona estratégica para las rutas del narcotráfico que salen por el Golfo de Urabá y que yace sobre toneladas de oro.

“Hay un reclamo social que le haré llegar al Ministro de Defensa. Dicen que el Ejército ha perdido presencia en la región y el clan del Golfo está atacando a los líderes sociales y de derechos humanos”, sostuvo el fiscal general. Agregó que la región tiene una de las tasas más altas de homicidios y que se convierte en uno de los retos para el Estado, pues existe poca oferta institucional para atacar estos fenómenos. Además, Martínez indicó que la poca presencia que existe del Estado se ve diezmada por los actos de corrupción.

Por ejemplo, en el tema de minería ilegal las autoridades recibieron información de que las Fuerzas Armadas han permitido el uso de más de tres toneladas de dinamita, un explosivo que solamente puede estar distribuido por la Industria Militar (Indumil). Asimismo, el fiscal general manifestó que no es posible que maquinaria, como las dragas para extraer el oro que entra por Brasil, puedan recorrer las carreteras del país y luego ser armadas en el Bajo Cauca sin que nadie se dé cuenta. Los testimonios de los pobladores que recogió la Fiscalía serán analizados para tomar determinaciones y realizar las investigaciones correspondientes

Una de las denuncias más graves fue el incremento de homicidios en la región. El fiscal Martínez aseguró que en las últimas dos semanas se presentaron seis casos, dos de ellos relacionados directamente con líderes sociales. Un hecho que, según él, preocupa a la Fiscalía, pues se tiene la hipótesis de que se trataron de dos asesinatos de campesinos que estaban adelantando proyectos de sustitución de cultivos. En pocas palabras, el clan del Golfo se opuso a uno de los programas estrella del posconflicto, pues le quitaban la materia prima para continuar controlando el negocio del narcotráfico y mataron a los dos líderes.

El fiscal general señaló que se dispondrá de un grupo especializado de fiscales para investigar estas conductas y que acudirá al gobierno nacional para lograr crear una estrategia que permita erradicar este tipo de violencias. Asimismo, el relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió protección para los campesinos y propuestas efectivas para que la comunidad pueda salirse del negocio de narcotráfico. Finalmente, la vicefiscal María Paulina Riveros añadió que se creará una unidad provisional que sirva como mecanismo para acompañar al a sociedad civil y poder brindarle tranquilidad a la hora de denunciar sin miedo a ser asesinados.

Para el fiscal general es claro que el clan del Golfo es un grupo de criminales que está azotando a esta región y que en ningún momento se puede negociar con ellos. Asimismo, reveló que es tal el afán de controlar los espacios de las Farc que ofreciendo un sueldo de $1.800.000 a guerrilleros que estén dispuestos a no desmovilizarse. Una nueva forma de reclutar disidentes.