El "dolor de cabeza" de la Jurisdicción Especial para la Paz

Aunque los ponentes del proyecto se reunieron ayer con el Gobierno en el Ministerio del Interior, la cita concluyó sin acuerdos ni modificaciones concretas para llevar su discusión a la Cámara de Representantes la próxima semana. De hecho, una de las discusiones que mayor molestia generó a los congresistas fue la insistencia del Ejecutivo en incluir, únicamente, los reparos que expresó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. “El Gobierno quiere que les firmemos un cheque en blanco. Nos creen firmones y sólo quieren que digamos en qué tiene razón o no el fiscal, pero no escuchan otras voces”, señaló la representante Angélica Lozano. (Vea acá el especial A CONSTRUIR LA PAZ)

En efecto, según pudo establecer este diario, congresistas y ponentes se lograron poner de acuerdo en aclarar las dudas que expresó el jefe del ente acusador, como aclarar que la JEP no cobijará ni a disidentes ni a reincidentes de las Farc. Se precisó, además, el concepto de “delito continuado”, el cual sí será cobijado por la jurisdicción cuando se trate de casos de desaparición forzada. También se acordó que si el día de mañana alguna fuerza política mayoritaria decide tumbar la JEP, tumbará también la norma que les da un tratamiento especial a los integrantes de la Fuerza Pública, y viceversa. Finalmente, se aclaró que ningún expresidente de la República será juzgado por este sistema. 

Sin embargo, el meollo del asunto es el que se relaciona con la responsabilidad de mando en el interior de las Fuerzas Militares y de Policía. Al parecer, los coordinadores ponentes y el Gobierno no han acogido la advertencia que hizo la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, de acogerse a lo que dictamina el Derecho Penal Internacional y, en concreto, el Tratado de Roma. Ya lo han dicho varios constitucionalistas, el proyecto radicado por el Ministerio de Defensa “es un regalo envenenado”, pues no les daría seguridad jurídica a los uniformados. Según advirtió la representante Lozano, hay normas explícitas en el texto de la JEP frente a la responsabilidad de mando que no están reglamentadas por el Derecho Internacional. Eso implicaría que, eventualmente, la CPI conozca de casos que ya hayan pasado por la JEP sin adjudicársele ninguna responsabilidad penal.

Las reuniones, en todo caso, continúan. El congresista Rodrigo Lara, uno de los coordinadores ponentes de la Jurisdicción de Paz, ya se reunió con el fiscal general y, según dijo, se lograron consensos. Esta semana habrá reuniones con la Corte Suprema de Justicia.