El primer decreto de la paz

Quienes han seguido de cerca la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc han fijado sus ojos, en su mayoría, sobre el Congreso de la República. Después de refrendado lo pactado con la guerrilla en La Habana, comenzó el proceso de implementación que otorgará seguridad jurídica tanto a las Farc como al propio Gobierno que espera que lo prometido se cumpla.

Por eso, la ley de amnistía, la participación de integrantes de Voces de Paz en los debates en el Legislativo y la Jurisdicción Especial de Paz (que pasa a manos de la Cámara de Representantes), han sido temas centrales en la discusión de lo que se viene para un país sin guerra.

Sin embargo, quedaba un asunto pendiente, incluido en el Acto Legislativo para la Paz. Se trata de los decretos presidenciales que serán expedidos para facilitar la implementación del acuerdo de paz. Y el presidente Juan Manuel Santos ya expidió el primero de ellos con el que se reglamentan los tiempos en los que la Corte Constitucional ejercerá la revisión de los proyectos de ley y de acto legislativo para darle su visto bueno.

El decreto 121 de 2017 “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, deja claras las pautas por las cuales los magistrados del alto tribunal se deberán regir, incluido el hecho de no aplicar su propio reglamento.

De esta forma, se explica que el control de constitucionalidad de leyes y actos legislativos que se aprueben en el Congreso –a través del procedimiento especial legislativo o ‘fast track’-, relacionados con la implementación del acuerdo de paz, tendrá que ajustarse a los siguientes tiempos:

El magistrado que reciba el proyecto para su revisión y posterior redacción de la ponencia, asumirá conocimiento del proceso dentro de los tres días siguientes al reparto del respectivo expediente. “El magistrado dispondrá la práctica de las pruebas que considere necesarias, las comunicaciones e invitaciones correspondientes, la fijación en la lista del proceso para la intervención ciudadana y el traslado del expediente al procurador. El término probatorio no podrá exceder de tres días. Luego, tendrá dos días más para evaluar el material probatorio”, señala el decreto.

Como en todos los procesos, la Corte Constitucional solicitará el concepto de la Procuraduría General de la Nación y, bajo esa premisa, se le otorgarán 10 días para que rinda su postura sobre el proyecto que se esté estudiando en el alto tribunal. Dentro de esos días –ni más ni menos- se le dará la oportunidad a la ciudadanía para que participe intervenga, y rinda también su concepto en torno al proyecto.

Los diez días siguientes serán del magistrado, que tendrá la responsabilidad de registrar el proyecto de fallo y a partir de ahí, se contarán 20 días más en los que la sala plena de la Corte Constitucional tendrá que decidir. Para el caso de los decretos presidenciales que, en uso de sus facultades, expida el jefe de Estado para facilitar y asegurar la implementación del acuerdo de paz, el término establecido es de dos meses.

Finalmente, permitirá a los magistrados la no aplicación del reglamento interno de la Corte Constitucional. “La Sala Plena de la Corte Constitucional, sin modificar su reglamento interno vigente, podrá disponer que los plazos previstos en él para el registro interno de los proyectos, no se apliquen en este tipo de procedimientos”, señala el decreto.

Esta es, sin duda, una de las decisiones más importantes que ha tomado el presidente Juan Manuel Santos para dar cumplimiento al acuerdo de paz. Se constituye en un paso más para sacar adelante lo pactado con la guerrilla, especialmente, ad portas de que se cumplan los plazos para que las Farc, en su totalidad, estén ubicadas en las zonas donde permanecerán los próximos meses para cumplir con el proceso de dejación de armas.

Normalmente, un estudio de constitucionalidad en la Corte tarda varios meses, dependiendo de la urgencia del proyecto sometido a estudio pero, por ejemplo, el Acto Legislativo para la Paz aprobado por el Congreso a mediados del año pasado, recibió el aval del alto tribunal en diciembre del año pasado.