Fiscalía archivó indagación al almirante (r) Echandía por infiltración a campaña de Zuluaga

La Fiscalía General archivó la investigación preliminar contra el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), almirante (r) Álvaro Echandía, quien fue denunciado por el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por presuntamente haber hecho parte activa del plan para infiltrar su campaña en el 2014 con el ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda Ardila. 

El entonces presidente del Centro Democrático aseguró que la campaña del presidente candidato Juan Manuel Santos había buscado afectar sus aspiraciones presidenciales en el año 2014 con la infiltración del pirata informático. Además citó que el ingeniero de sistemas español, Rafael Revert también hizo parte de la ejecución del plan mediante la filtración de un video a los medios de comunicación.

Sostenía Zuluata que se le quiso vincular directamente con las actividades ilegales que adelantó el ‘hacker’ Sepúlveda, quien fue capturado en su oficina por presuntamente obtener información privilegiada de los negociadores de las Farc en el proceso de paz que se adelantaba en La Habana (Cuba). Esta estrategia -indicó- buscaba crear una campaña de desprestigio en su contra. 

La Fiscalía tercera delegada ante la Corte concluyó que se presentó una atipcidad en la conducta denunciada por Zuluaga. “Los elementos materiales probatorios recolectados permiten afirmar que no exisitó vínculo entre la DNI y las personas que trabajaban en la oficina de Andrés Fernando Sepúlveda (ii) Andrés Fernando Sepúlveda prestaba sus servicios a la campaña del entonces candidato Óscar Iván Zuluaga”.

Zuluaga denunció al almirante en retiro por los delitos de soborno, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones, perturbación a certamen democrático, peculado en favor de terceros, abuso de función pública y concierto para delinquir. El fiscal del caso consideró que ninguna de estas conductas quedó demostrada en el desarrollo de la indagación. 

En la denuncia presentada el 16 de noviembre se citaba la declaración del exdirector del CTI de la Fiscalía General, Danny Julián Quintana quien aseguró que los informes sobre las actividades delictivas del ‘hacker’ Sepúlveda le fueron entregadas directamente por la UNI. Reseñó que días antes de dar su declaración en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fue contactado por Echandía quien le pidió que omitiera contar la forma en cómo se obtuvo dicha información.

A cambio de esto -sostuvo Quintana- el almirante le ofreció la Dirección de Unidad de Investigación y Análisis Financiero (Uiaf). Propuesta que el exdirector del CTI asegura que rechazó de inmediato, manifestando que su obligación era contar la verdad ante las autoridades. Quintana declaró en la investigación que se adelanta contra el senador Álvaro Uribe Vélez.

No se infiltró la campaña

En el documento de 67 páginas la Fiscalía General sostiene que no existen elementos materiales de prueba que permitan inferir que el almirante incurrió en una conducta punible. En el caso del delito de soborno se considera que “los elementos de conocimiento recaudados permiten establecer que no hay tipicidad objetiva, en tanto demuestren que no existió promesa remuneratoria ni sugerencia siquiera para que el testigo omitiera información”.

Cita que incluso Quintana manifestó en varias oportunidades que “no fue sobornado por el almirante (r) Echandía; en la decisión rendida ante este despacho el testigo indició que no podía afirmar que el Almirante le ofreció un puesto, pues en el momento de hablar de la hoja de vida trataban temar personales”. Considera que no existió en este caso ni siquiera un “ofrecimiento vedado”. 

En el caso del fraude procesal se señaló que el almirante en retiro “intentó engañar” a la administración de justicia cuando le pidió a un testigo que omitiera hechos en su declaración y no informarle en su momento a la Fiscalía que la oficina de Sepúlveda “tenía una relación de prestación de servicios con una campaña política”.

Para el fiscal del caso no existió ninguna atipicidad en esta conducta por parte del director del DNI, puesto que una de las funciones de esa entidad –que remplazó al antiguo DAS- es la de recolectar información y procesarla para entregarla, si es el caso, a los organismos.

“No sólo en el proceso de la Fiscalía sino en los mismos archivos de la DNI es fácil establecer que el origen de la información que motivó la investigación es la Dirección Nacional de Inteligencia, lo cual deja claro que no existió medio fraudulento alguno creado para llevar al engaño a la Corte de un lado, y de otro que fue una decisión autónoma adoptada en la Fiscalía, sin intervención de Echandía ni de funcionarios de la DNI”, señala la decisión.

El exministro de Hacienda durante el segundo Gobierno de Álvaro Uribe Vélez aseguró que muchas de las personas que trabajaban con Sepúlveda Ardila eran informantes de la DNI, por lo que hicieron parte de esa estrategia dirigida a afectar la campaña con la grabación de videos que fueron entregados al organismo de inteligencia y a la Fiscalía General.

Las pruebas recolectadas permiten inferir que el ingeniero español Rafael Revert tomó la decisión autónoma de grabar las reuniones y encuentros que se realizaban en la oficina ubicada en el norte de Bogotá con el fin de proteger su integridad, puesto que se consideraba “víctima” de las acciones ilegales que lideraba Sepúlveda. 

“Se concluye que la Dirección de Inteligencia no infiltró oficina o campaña alguna, fue la misma campaña la que a través de Sepúlveda buscó los servicios de quienes han sido señalados como hackers, al punto que uno de ellos, Rafael Revert, al percatarse de la posible ilicitud de las actividades que se realizaban en ese lugar decidió buscar asesoría y entregar la información a la DNI y a la fiscalía”, concluye.

Frente a la acusación sobre la entrega a información a medias, el fiscal cita las declaraciones dadas en su momento por el director del CTI, Julián Quintan quien explicó en una rueda de prensa la metodología que se adelantó en la mencionada investigación con el fin de identificar a los implicados en este caso y llevarlos a juicio: “Funcionarios que eran los agentes de inteligencia y luego los políticos”.

Rechaza la acusación hecha por Zuluaga y su abogado sobre la filtración de la reunión que sostuvo el entonces candidato con el ‘hacker’, considerando que el mismo no fue filtrado a los medios de comunicación por la DNI puesto que nunca tuvieron información sobre esta grabación. “Está suficientemente acreditado que Echandía no ordenó ni conoció la grabación”.

La campaña política

El fiscal delegado ante la Corte Suprema consideró que no se puede hablar de una presión o la ejecución de un plan para engañar a Zuluaga de contratar los servicios del pirata informático y mucho menos de “forzarlos” a ir a su oficina en compañía del asesor político de su campaña, Luis Alfonso Hoyos Aristizábal para hablar de las estrategias que se iban a poner en marcha.

En este punto aclara que no se puede inferir que la publicación del video de aquella reunión afectó de manera directa o indirecta las aspiraciones presidenciales de Zuluaga, puesto que no se puede verificar que los votantes al ver esa grabación y conocer información de la misma por los medios de comunicación cambiaran su intención en las urnas.

“De los hechos descritos no se puede inferir tipicidad objetiva bajo el supuesto teórico según el cual algunos ciudadanos intermediarios pudieron acaso cambiar su decisión de voto, influidos por el video publicado. La tipificación objetiva de un posible delito de fraude al sufragante supondría que en concreto un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley, con nombre propio individualizable, hubiese depositado su voto por determinado candidato por razón de la maniobra engañosa ejercida por el sujeto activo del tipo penal”, precisa.

Para la Fiscalía es claro que evidentemente Echandía sí suministró la información a la Fiscalía, pero una vez depositada la misma se alejó del caso y continuó ejerciendo sus labores de inteligencia “para brindar apoyo concreto a los requerimientos de la Fiscalía, que tenía como fin desmantelar una red de comercio ilegal de información privilegiada”.

Las contradicciones de Quintana

En el documento se hace mención a las constantes contradicciones en las que incurrió el exdirector del CTI, Julián Quintana en las declaraciones que entregó tanto ante la Fiscalía, como en la Procuraduría y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Reitera que en un testimonio dijo algo muy diferente a lo que aseguró en otro organismo.

“En los diferentes relatos de Danny Julián Quintana Torres se observan contradicciones relacionadas con la campaña y la existencia de la fuente. Respecto a la campaña en la Corte Suprema de Justicia Quintana dijo que el Almirante (r) Echandía en la información inicial manifestó que había una campaña política involucrada”.

Sin embargo, a la Fiscalía “le dijo que en principio el Almirante (r) Echandía no mencionó una campaña política, que sólo conoció esa información hasta que Rafael Reverte la mencionó”. Debido a esto se considera que no se puede hablar de un ocultamiento de información por parte del director de la DNI.

“De igual forma, en la Corte Suprema de Justicia dijo que Echandía le manifestó que ellos tenían una fuente que les estaba ayudando, a la Procuraduría y a la Fiscalía les dijo que advirtió a los funcionarios de la DNI que el caso necesitaba más pruebas y ellos le mencionaros que tenían un testigo, razón por la cual les preguntó por qué no le habían hablado de esa fuente desde un principio”, aclaró.

Los otros procesos

Por el denominado caso ‘hacker’ la Corte Suprema de Justicia actualmente adelanta una investigación preliminar contra el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Por su parte la Fiscalía General investiga a David Zuluaga Martínez, hijo de Óscar Iván Zuluaga y gerente de la campaña presidencial. Mientras que Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, quien salió del país argumentando falta de garantías,  enfrenta un juicio por cuatro delitos.