La Guajira: ¿más de una década en manos de la corrupción política?

La corrupción ha sido el común denominador en las últimas gobernaciones de la Guajira. Este viernes el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que el actual gobernador de La Guajira, Wílmer González Brito, quien lleva tres meses de posesionado, deberá responder por supuestos actos de corrupción que habría cometido para hacerse elegir en las elecciones atípicas de noviembre de 2016. Brito, quien entró a la gobernación para remplazar a la destituida Oneida Pinto, sería el quinto mandatario del departamento que termina teniendo líos con la justicia. 

Durante ese mismo anuncio del ente investigador, Martínez informó sobre el inicio de un nuevo capítulo de la exgobernadora Pinto con la justicia. Esta vez será procesada por las presuntas irregularidades en un contrato que tenía el propósito de ayudar a reducir la mortalidad de niños en Albania, donde ella ejercía como alcaldesa. La Fiscalía indaga por un contrato de $16.800 millones que Pinto firmó apenas unos días antes de renunciar a la Alcaldía de Albania con el objetivo de lanzarse a la Gobernación del departamento.

En noviembre pasado la Fiscalía también anunció una imputación de cargos en su contra por ser la presunta responsable de las amenazas de muerte que recibió el gobernador encargado que la sucedió en La Guajira, Jorge Enrique Vélez, mientras se celebraban las elecciones atípicas que terminaron eligiendo a González Brito. En junio de 2016 el Consejo de Estado destituyó del cargo a Pinto, Por haberse desempeñado como alcaldesa del municipio Albania dentro de los 12 meses anteriores a su inscripción como candidata a la Gobernación de La Guajira.

Hace un par de semanas la justicia también condenó al predecesor de Pinto, el  exgobernador Juan Francisco “Kiko” Gómez, a 55 años de prisión por su responsabilidad en los hechos que rodearon el asesinato de la exalcaldesa del municipio de Barrancas, Yandra Brito, en agosto de 2012. La exmandataria municipal fue ejecutada por la banda delincuencial de Marcos de Jesús Figueroa, conocido como Marquitos Figueroa. Gómez Cerchar, quien fue gobernador de 2012 a 2013, habría dado órdenes precisas para acabar con la vida de la exmandataria debido a que consideraba que le había incumplido las promesas que le había hecho si llegaba a la Alcaldía municipal.

Jorge Eduardo Pérez Bernier, quien ocupó la gobernación antes de Gómez durante 2008 a 2011, fue capturado en noviembre del año pasado. La Fiscalía lo acusa de haberse apropiado de al menos $26.000 millones destinados a la construcción de megacolegios en ese departamento. Durante la diligencia de imputación de cargos contra Pérez Bernier, la Fiscalía señaló que el exmandatario podría obstruir el proceso y dijo que presuntamente el  estaba recibiendo información confidencial y presionando testigos.

El acusado Pérez Bernier reemplazó en el cargo a José Luis González Crespo, quien en el 2012 fue condenado a 10 años de cárcel por la Corte Suprema. El exmandatario, quien fungió como gobernador desde  luego de aceptar los cargos imputados por la Fiscalía en un proceso por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Por si fuera poco, el pasado viernes también se conoció que el alcalde de Riohacha, capital del departamento guajiro, fue capturado por las autoridades. A David Fabián Velásquez, quien se posesionó hace un año, la Fiscalía lo investiga por las presuntas irregularidades que se presentaron en la celebración de contratos de alimentación escolar en el departamento. El contrato firmado con la Asociación Social del Caribe (Asocar) por un valor cercano a los $5.700 millones. Y que tenía como objetivo la alimentación de 16.630 estudiantes en la jornada regular y otros 6.893 alumnos de jornada única durante 10 meses. La investigación indica que el contrato fue entregado de manera directa y sin licitación pública.