Néstor Humberto Martínez le aplicó los “santos óleos” a las “embajadas” de la Fiscalía General

El que fuera uno de los programas más cuestionados durante la administración del entonces fiscal General, Eduardo Montealegre Lynnet por sus altos costos y pocos beneficios llegó a su final por directriz de su sucesor, Néstor Humberto Martínez. Las comisiones en el exterior de la Fiscalía General recibieron los santos óleos por medio del decreto 084 de 2017.

Desde un principio, Martínez Neira –quien se posesionó en el cargo el 1 de agosto de 2016- anunció que las “embajadas” no contribuían a dar fluidez a los trámites del ente investigador en el exterior, reseñando que “en la práctica los temas de cooperación judicial fluyen mejor directamente con los delegados de los ministerio  departamentos de justicia”.

Por estas razones, y por su elevadísimo costo, el actual Fiscal General prefirió cerrar todas las oficinas que estaban ubicadas en los Estados Unidos, España, Alemania y Reino Unido desde el año 2014. Montealegre Lynnet anunció que las mismas servirían para atender las situaciones especiales de carácter transitorio en las misiones diplomáticas.

Así como mantener los vínculos en materia de investigación y facilitar el flujo de intercambio de información relevante para los procesos penales que se adelanten en el país. El proyecto que fue anunciado por bombos y platillos por el mismo fiscal Montealegre parece que no tuvo los resultados esperados, hecho por el cual se tomó la drástica decisión de terminarlo.

ElEspectador reveló en un artículo publicado en octubre de 2016 que cada uno de los consejeros recibía un sueldo mensual de 22 millones de pesos, más comisiones para gestionar convenios para gestionar convenios de cooperación internacional. Los “embajadores” debían tener nueve años de experiencia, una maestría en áreas relacionadas con el cargo y dominar el idioma inglés.

Los elegidos para sus cargos cumplieron parte de sus funciones, sin embargo a ojos de muchos el recibir esos salarios y comisiones para convocar conferencias y asistir a eventos académicos no cumplían con las expectativas. La danza de los millones, como reveló este diario, fueron continuas en las cuatro comisiones para realizar sus proyectos, pero los beneficios obtenidos se podrían resumir en cero.

Solamente la comisión presidia por Ángela María de la Torre Benítez en el Reino Unido tenía un costo de 276 millones de pesos entre el pago de su salario, las primas y los subsidios. Estuvo entre el 20 de julio al 15 de marzo del presente año. Entre sus logros se encuentran la designación de un fiscal por parte de la Corona del Reino Unido (Crown Prosecution Service) a Colombia. En los otros países la situación no tuvo mayores cambios.

En la comisión de España fue liderada por Faride Alexander García Ramírez, cuyo nombre fue mencionado y conocido por primera vez cuando se adelantó el trámite de deportación del empresario Víctor Maldonado Rodríguez, procesado por el descalabro bursátil del Fondo Premium de InterBolsa. Sin embargo, es de recordar que para ese procedimiento el entonces vicefiscal Jorge Fernando Perdomo tuvo que viajar en dos oportunidades para coordinar el tema, junto al director del CTI, Julián Quintana.