Procuraduría abrió indagacion contra el director de la ANI por caso Odebrecht

La Procuraduría General abrió investigación preliminar disciplinaria en contra del exvicemnistro de Transporte, Gabriel García Morales y el exsenador Otto Bula Bula por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para ser beneficiada con la entrega de millonarios contratos viales en Colombia entre los años 2009 y 2014.

Igualmente se dio apertura a una indagación en contra del director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade por su presunto papel en la suscripción del otrosí del contrato de la Ruta del Sol Tramo 2. El procurador General, Fernando Carrillo aseguró que se quiere identificar todos las actividades irregularidades que se habrían presentado en la suscripción de este convenio.

“La investigación preliminar, como lo saben, tiene como objetivo ahondar en los hechos que tuvieron que ver con la suscripción del otrosí del contrato y derivar como consecuencias de esa versión que se reciba del presidente de la ANI y de todos los funcionarios que intervinieron en esas negociaciones y las consecuencias disciplinarias que podrían llegar a presentarse”, precisó.

El Ministerio Público busca identificar si se presentaron irregularidades en el préstamo del Banco Agrario a la empresa Navelena (encargada del contrato de navegabilidad por el Río Magdalena), el contrato firmado entre la Empresa de Acueducto con Odrebrecht para el proyecto de interceptores Tunjuelo-Canoas, y el contrato con el Invías para la ejecución de la vía a Puerto Boyacá a Chinquiquirá. 

Por las irregularidades en las adiciones del contrato de la Ruta del Sol se investigarán además a los funcionarios de la ANI, Alexandra Lozano Vergara, José Andrés Torres Rodríguez, Daniel Francisco Tenjo Suárez, Ernesto Durán Vargas, Mauricio Orlando Castro Castaño y Andrés Figueroa Serpa. Además se ordenaron inspecciones.

Por su parte, la ANI respondió ante el anuncio de la Procuraduría que están “prestos a colaborar diligentemente con el proceso que adelante la Procuraduría General, como lo hemos venido haciendo con todas las autoridades que han requerido información de la entidad”. Agregaron que rechazan de forma vehemente el accionar de Odebrecht y que son ellos los mayores interesados en esclarecer los hechos.

Las otras investigaciones

Mientras que por la adjudicación del contrato a Odebrecht en el Acueducto de Bogotá se indagará al gerente de la empresa para la época, Jorge Pizano, quien después pasó a ser funcionario de Odebrecht, “en una típica maniobra de puerta giratoria” y se realizarán otras inspecciones.

Sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación, firma y ejecución del contrato que suscribió el Invías con el consorcio integrado por CBPO y Proyectos de Infraestructura PISA, filiales de Odebrecht en Colombia, se investigarán igualmente a todos los funcionarios y servidores públicos que intervinieron en el proceso de licitación.

“La indagación permitirá establecer, entre otras cosas, si a pesar de que los hechos aceptados por el mencionado exviceministro de Transporte datan de los años 2009 y 2010, estos tienen trascendencia en la ejecución del contrato, y, por lo mismo, estaríamos ante conductas de carácter continuado”, explicó Carrillo en rueda de prensa. Sin embargo, estos hechos podrían estar en riesgo de prescripción por lo que hizo un fuerte llamado de atención para que esto no ocurra.

El escándalo de Odebrecht

La telaraña de corrupción que tejió Odebrecht en Colombia empezó a descubrirse en diciembre de 2016, después de que estallara el escándalo internacional sobre la constructora brasileña. Tres semanas más tarde, cayó el primer sindicado por haber recibido sobornos: el ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales.

La Fiscalía lo acusó de haber recibido una coima de US$6.5 millones para direccionar la licitación del jugoso contrato para construir la Ruta del Sol II en 2009, que inicialmente tenía un valor de $2 billones.  Por esta razón, le imputó los cargos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito, que el exfuncionario aceptó el pasado 15 de enero.

El ente investigador encontró que desde su posición como director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (Inco, hoy conocido como la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI), García ayudó para que el consorcio en el que Odebrecht participaba como mayoritario, fuera el elegido.

Para seguirle la pista al dinero del soborno que recibió García, la Fiscalía llamó a entrevista a Juan Manuel Barraza, un empresario cartagenero y amigo de la infancia del exviceministro, quien tenía una sociedad comercial con él. Los investigadores buscan establecer si sus negocios estaban relacionados con el dinero sucio de Odebrecht.

Pero los pagos que recibió García solo son la punta de un iceberg de corrupción. De hecho, las investigaciones adelantadas por Estados Unidos, Brasil y Suiza mostraron que entre 2009 y 2014, Odebrecht pagó en el país cerca de US$11 millones en dádivas. De ese dinero, US$4.6 habrían ido a parar a los bolsillos del exsenador Otto Nicolás Bula,  quien fue capturado el pasado 14 de enero.

Según la Fiscalía, en 2013 Odebrecht le pagó a Bula tras encargarle la misión de “obtener la inclusión de ciertas condiciones económicas” para favorecer a Odebrecht en el contrato para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, que se formalizó a través de un otrosí al contrato que ya había firmado Odebrecht para construir la etapa II de la Ruta del Sol.

Esas condiciones favorables tendrían que ver con el aumento del valor de los peajes en la vía, y el pago anticipado de las ganancias futuras de los años 2024 y 2025. Eleuberto Antonio Martorelli, quien en ese entonces era presidente de Odebrecht en Colombia, le dijo a la Fiscalía que además se pidió la adición de dos nuevos peajes.

Otto Bula, exsenador liberal, aparece contratado en los libros de Odebrecht el 5 de agosto de 2013 mediante la modalidad de ‘honorarios por resultado o cuota de éxito’. En términos castizos, eran un “lobista” de la empresa brasileña.

De acuerdo con lo que le dijo Martorelli a la Fiscalía, Bula le aseguró que él podía lograr “la construcción, la operación y el mantenimiento de ese tramo, sin la necesidad de que el proyecto fuera licitado”. Bula le habría dicho al director jurídico de la compañía, Yezid Arocha Alarcón, que tenía influencias en las comisiones Tercera, Cuarta y Sexta del Senado.

Yezid Arocha Alarcón, director jurídico de Odebrecht en Colombia, es otra pieza clave en este rompecabezas. Fue él quien confesó la forma cómo presuntamente le pagaron a Bula y otros funcionarios –entre ellos, Gabriel García–las coimas. Arocha Alarcón señaló que se hicieron con recursos no contabilizados a través del Departamento de Operaciones Estructurales de Odebrecht,  y que “por solicitud expresa de Otto Bula, los pagos fueron realizados en cuentas de empresas en el exterior por el indicadas”.