Procuraduría busca que Odebrecht responda por daños morales y patrimoniales

El procurador General, Fernando Carrillo Flórez anunció que presentará una acción popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en contra de la empresa brasileña Odebrecht por el daño moral ocasionado por el pago de sobornos a altos funcionarios del Estado para resultar beneficiada con la entrega de millonarios contratos de obras públicas entre los años 2009 y 2014.

El jefe del Ministerio Público consideró que la acción será presentada en defensa del patrimonio público con el fin de obtener una indemnización por parte de la trasnacional. “La protección de los derechos colectivos de la sociedad colectiva están por encima de los derechos patrimoniales de la empresa Odebrecht”.

Considera que es “inadmisible e indignante” que la compañía brasileña esté a la espera que un tribunal de arbitramento condene al Estado colombiano a pagar 263 millones de dólares. En concepto del Procurador General no es posible que la sociedad colombiana le salga a deber a esta empresa después de lo que hizo.

“Esto equivale, al tipo de cambio de hoy, a 798 mil millones de pesos Una cifra que para compararla con otra que tiene mucha actualidad es casi más de la mitad de la ayuda que le dará el Gobierno de los Estados Unidos a Colombia en virtud del programa ‘Paz Colombia’”, precisó.

En el marco de la acción popular van a solicitar la restitución inmediata de los 11.1 millones de dólares que fueron reconocidos por la misma empresa para el pago de sobornos para recibir estos contratos a funcionarios, entre los que se encuentran el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales y el exsenador Otto Bula Bula. 

“También que Odebrecht responda adicionalmente por el daño patrimonial en términos de reparación que este caso de corrupción ha generado al desarrollo económico y social del proyecto Ruta del Sol II Puerto Salgar – San Roque”. Espera que con esta acción esta obra no quede paralizada, puesto que esto ocasionaría más daños.

Carrillo considera que no puede ocurrir lo mismo que la Fase III de TransMilenio en el año 2009, cuando se le retiró el contrato al Grupo Nule para ser cedido a otro grupo empresarial. En este tiempo la obra quedó paralizada, lo que tuvo graves consecuencias para la ciudadanía.